Colombia: Alto al abuso del sistema judicial contra los defensores de derechos humanos

El sistema judicial en Colombia esta siendo indebidamente usado para estigmatizar y hostigar a los defensores de derechos humanos haciéndoles más difícil llevar a cabo su importante trabajo en favor de los derechos humanos.

Amnistía Internacional ha descubierto que defensores de derechos humanos han sido detenidos o enfrentan detenciones por cargos criminales falsos.

Quienes están bajo investigación o quienes ya han sido detenidos, son presentados con frecuencia ante los medios de comunicación como "subversivos" o colaboradores con grupos subversivos. Mientras se están defendiendo contra estos cargos criminales, los defensores de derechos humanos se ven impedidos a continuar con su importante trabajo en defensa de los derechos humanos.

Un ejemplo del uso indebido del sistema judicial sería las acusaciones contra varios miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de "corrupción" y "rebelión". Justicia y Paz es una organización no gubernamental de derechos humanos, que documenta y presenta denuncias legales sobre violaciones de derechos humanos cometidas en diversas regiones del país.

Amnistía Internacional teme que estas acusaciones y cargos contra miembros de Justicia y Paz tengan una motivación política y formen parte de una estrategia dirigida a dicha organización, silenciando así su trabajo y desviando la atención de los procesos judiciales por abuso puestos en relieve por la organización. Para más información sobre el caso de Justicia y Paz

El gobierno colombiano no puede dejar que el sistema judicial sea utilizado como un arma contra defensores de derechos humanos.


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Amnistía Internacional insta al gobierno colombiano a aclarar muertes en Apartadó

A través de un comunicado, el organismo internacional pide al gobierno que se conozca las verdaderas cuasas de la muerte de ocho personas en esa localidad, declarada comunidad de paz.

Colombia: Para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la justicia es el único camino

El gobierno colombiano debe centrar sus esfuerzos en la creación de las condiciones necesarias para que salga a la luz la verdad sobre el homicidio de ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, departamento de Antioquia, cometido el 21 de febrero de 2005, así como sobre otros 150 homicidios y "desapariciones" de miembros de esa comunidad ocurridos durante los últimos ocho años, ha manifestado Amnistía Internacional en respuesta a las declaraciones formuladas recientemente por el presidente Álvaro Uribe, quien acusó a los dirigentes de esta comunidad de colaborar con las fuerzas de la guerrilla.

El 20 de marzo, el presidente Uribe acusó a algunos dirigentes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó de ayudar al grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de tratar de obstaculizar el camino de la justicia. También dijo que el ejército penetraría en el territorio de la comunidad dentro de un plazo de 20 días.

"Acusar a los miembros de la Comunidad de Paz de colaborar con grupos guerrilleros coloca a esta comunidad en una situación de mayor riesgo frente a la posibilidad de ataques lanzados por paramilitares respaldados por el ejército.

Las declaraciones del presidente, así como los comentarios formulados por el ministro de Defensa negando toda responsabilidad del ejército en la matanza de febrero, también suscitan el temor de que el carácter exhaustivo e imparcial que debe tener cualquier investigación de los hechos en torno a esta matanza se vea gravemente vulnerado", dice Amnistía Internacional.

Un testigo presencial de los hechos afirmó que los responsables de la matanza se habían presentado como miembros del ejército colombiano. Según otros testigos, con posterioridad a la matanza los soldados agresores dijeron a algunos vecinos que, si los homicidios no hubieran salido a la luz, habrían matado a más civiles y que las ocho víctimas eran "puro guerrillero muerto".

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El caso Diomedez Díaz: Un concierto... para delinquir

Para quienes dudan de que el sistema judicial colombiano es atípico (y antijurídico y doloso), los ejemplos actuales son más que una colección de botones.

Si alguien que viva fuera del país se enterara de las aberraciones de nuestra administración de justicia, sencillamente no lo creería.

- Hace pocos años, el popular músico Diomedez Días fue procesado por el presunto asesinato de una mujer llamada Doris Adriana Niño. Las pruebas presentadas, al parecer demostraron que, efectivamente, el "cacique de La Junta" tuvo mucho que ver.

El ídolo de multitudes pasó unos cuantos años en la cárcel, y ahora se le ve muy orondo, paseando su sonrisa por diferentes escenarios del país, como si nada hubiera pasado.

Pero bueno. Cualquiera podría argumentar que él tiene derecho a retomar su trabajo (y tendrían razón), luego de haber purgado "su pena". Pero lo curioso es que ahora quienes están en el calvario jurídico son los familiares de la difunta. Ellos ahora sufren las imperfecciones de nuestro sistema judicial, mientras el culpable muestra sin ningún remordimiento la esmeralda incrustada en su dentadura.

Ahora sí le viene al dedo: "Ese es un concierto... para delinquir".