EEUU: proceso con paramilitares es positivo, pero debe haber justicia

Aunque Estados Unidos considera "positivo" el proceso de desmovilización de los paramilitares, aclaró que no piensa desistir de las solicitudes de extradición de los jefes de estos escuadrones de extrema derecha acusados de narcotráfico y demanda castigo para los responsables de crímenes.

"Nosotros estamos del lado de la justicia y creemos que se debe hacer justicia" dijo el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Marc Grossman, en una entrevista exclusiva que publicó el miércoles el diario El Tiempo.

"Pensamos que el que haya cometido un crimen debe pagar por él y debe ser castigado. Y para que no queden dudas, nosotros apoyamos de manera consistente la extradición de aquellos que tienen casos pendientes ante la justicia estadounidense", agregó.

El gobierno del presidente Alvaro Uribe condicionó la extradición del comandante Salvatore Mancuso al cumplimiento de tres puntos relacionados con el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Las condiciones son que Mancuso cumpla los compromisos adquiridos por las AUC con el gobierno --como el acatamiento de un cese al fuego--, que abandone las actividades ilícitas y que contribuya a la participación de las tropas en las desmovilizaciones masivas.

En los últimos dos años, unos 4.800 paramilitares se han desmovilizados y han hecho entrega de numeroso armamento, todo bajo la supervisión de la Organización de Estados Americanos.

Grossman afirmó que para que este proceso siga avanzando se necesita un marco legal para regular el desmantelamiento efectivo de las AUC y castigar a quienes hallan cometido delitos.

"Esperamos que sea una ley fuerte, una ley que debe sentar un precedente para las FARC y el ELN. Por lo tanto, debe garantizar el desmantelamiento de las AUC, acabar con sus finanzas y confiscar sus propiedades. Debe asegurar también que se haga justicia, se abran las puertas para la reparación de las víctimas y debe ser transparente", indicó Grossman.

El gobierno de Uribe presentó al Congreso un proyecto de ley que contempla penas de cinco a diez años para los paramilitares desmovilizados involucrados en crímenes de lesa humanidad, que no son indultables.

Los jefes paramilitares rechazan la extradición a Estados Unidos y piden que se tengan en cuenta sus gestos de paz a la hora de establecer un ley sobre su desmovilización. También consideran como algo positivo su lucha contra las guerrillas izquierdistas, dedicadas al secuestro y las extorsiones.

Estados Unidos es el principal financista de la guerra contra las drogas en Colombia. También contempla dar ayuda económica para apoyar el proceso de desmovilización de los paramilitares.

Fuente: Associated Press, Febrero 16 de 2005