Cinco años después del asesinato de Orlando Sierra, el crimen continúa en la impunidad

El primero de febrero de 2002 fue asesinado el subdirector del diario La Patria de Manizales, Orlando Sierra. Cinco años después, los autores intelectuales del crimen continúan libres.

En septiembre de 2006 fue llamado a rendir versión libre el director del Partido Liberal en Caldas y ex diputado Ferney Tapasco González, señalado por algunos testigos como autor intelectual del homicidio del periodista.

Desde su columna 'Punto de Encuentro', Sierra cuestionó en repetidas ocasiones a Tapasco por su gestión como funcionario público. Sobre el político liberal pesan otras dos investigaciones penales en el departamento.

El fiscal que lleva el proceso le dijo al diario La Patria que el caso no presenta nuevos avances: "no se han tomado nuevas decisiones; se siguen estudiando los informes".

Una investigación parsimoniosa

Luego del atentado al periodista, el 30 de enero de 2002 - murió dos días después -, la investigación de la Fiscalía se caracterizó por su lentitud, a pesar de la aparente contundencia de las pruebas. Los testimonios que señalaron a Ferney Tapasco como la persona que planeó el crimen fueron presentados en el 2003, pero sólo tres años después se llamó a rendir versión libre al ex diputado.

Esta demora se dio a pesar de que en ese momento la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Fiscalía que revisara con urgencia las versiones de los testigos debido a la gravedad de las declaraciones. Como si fuera poco, dos de los tres testigos fueron asesinados, así como otras nueve personas vinculadas a la investigación, sin que hasta ahora haya algún resultado de las averiguaciones de estos homicidios.

Condenados los autores materiales

En mayo de 2005 fueron condenados a 28 años de prisión Luis Miguel Tabares, alias 'Tilín' y Luis Arley Ortiz, alias 'Pereque', como coautores materiales. Luis Fernando Soto, quien disparó contra el comunicador, recibió una condena de 19 años y seis meses. Soto fue grabado por una cámara de seguridad en el momento en el que le propinó a Sierra los dos disparos en la cabeza que acabaron con su vida.

Luego de este fallo, la Procuraduría pidió a la Fiscalía ahondar la investigación acerca de los autores intelectuales.

Un periodista querido por la genteOrlando Sierra se caracterizó por llevar los problemas de la comunidad al debate público y por denunciar y cuestionar casos de corrupción. Este tipo de periodismo público e independiente hizo que se ganara el cariño de los manizalitas.

El día de su sepelio, cientos de manifestantes marcharon con pancartas para repudiar el crimen de quien consideraban 'el vocero de la comunidad'. "Sin lugar a dudas Orlando fue un maestro en todo el sentido de la palabra.

Como periodista, porque fue de aquellos que me enseñaron lo que es el verdadero periodismo puro, es decir, sencillo, directo y claro; y como persona, porque estaba lleno de valores y principios", señaló a La Patria Oswaldo Hernández, editor de deportes del diario y ex compañero de Sierra.

Este es un comunicado de la FLIP

Periodistas indígenas fueron detenidos ilegalmente por miembros de la fuerza pública

Dos comunicadores de la emisora indígena Uxwal Nasa Yuwe Estéreo, Rubiel Lis
Velasco y Griseldino Yafué Guetoto, fueron detenidos de manera ilegal por miembros
de la Policía de la Sijín en el municipio de Caldono, departamento del Cauca,
al suroccidente del país.

Los hechos ocurrieron el martes 19 de septiembre a las 11 de la mañana cuando
los comunicadores habían terminado la emisión y se encontraban en el casco urbano
de Caldono. En ese momento dos personas, que inicialmente se identificaron como
miembros del Ministerio de Comunicaciones, los abordaron y les pidieron que los
llevaran a la emisora porque necesitaban mirar los equipos de transmisión. Éstos
fueron entregados por el Ministerio de Comunicaciones dentro de un programa de
apoyo a emisoras comunitarias.

Una vez estuvieron en la emisora, los dos hombres - que en ningún momento se
identificaron - les dijeron a Lis y Yafué que debían acompañarlos. Los subieron
en una camioneta verde, en la que luego detuvieron a otras personas de Caldono.
Al llegar a la estación de Policía, les dijeron que el computador se había dañado
para registrar la detención y, de manera arbitraria, los subieron de nuevo en
la camioneta para llevarlos al municipio de Siberia, Cauca.

Lis Velasco, director de la emisora, dijo a la FLIP que una vez estando en Siberia
los hombres les dijeron: "cambiaron la orden, tenemos que ir a Popayán". Nuevamente
los trasladaron en la camioneta. En la sede de la Policía de la Sijín en la capital
del departamento, les dijeron que había una orden de captura contra ellos por
el delito de rebelión, por ser presuntamente colaboradores de la guerrilla de
las FARC. Sin embargo, los funcionarios nunca les mostraron la orden de captura.
Los periodistas exigieron hablar con un abogado pero les fue negado este derecho.

Procedieron a tomarles fotos y los enviaron a la cárcel del municipio de Santander
de Quilichao, al norte del departamento. Luego de la gestión de los abogados
de las comunidades indígenas, una jueza de Popayán los absolvió y fueron liberados
luego de nueve días de reclusión, incluyendo una noche en el calabozo.

En diálogo con la FLIP, el gobernador indígena de Caldono, Guillermo Chilo, dijo
que no es la primera vez que se presentan hechos de este tipo. Advirtió que ya
es común que miembros de la fuerza pública detengan ilegalmente a personas de
su comunidad, en particular, comunicadores que trabajan en la emisora indígena.
Recuerda que José Vicente Otero, comunicador social que impulsó la creación de
la emisora, fue detenido a través de un montaje parecido y luego salió inocente.

Lis Velasco afirmó que en la emisora habitualmente se leen comunicados de los
cabildos indígenas, en los cuales se hacen denuncias y expresan sus inconformismos
sobre el trato que el gobierno nacional y local les da a sus comunidades. El
comunicador considera que este es el motivo de las persecuciones.

Por su parte, el sargento Humberto Campo Luna, de la Policía de la Sijín de Popayán,
dijo a la FLIP que la detención no fue ilegal porque se hizo amparada en la orden
de captura expedida por la Fiscalía Seccional de Santander de Quilichao. "La
miré pero no la detallé", comentó Campo Luna cuando la FLIP le preguntó el delito
o la causa contenida en la orden.

Añadió que los agentes que realizaron la captura pertenecen a la Sijín de Santander
de Quilichao, y que si en un comienzo se presentaron como miembros del Ministerio
de Comunicaciones es porque "son estrategias de captura para tratar de evitar
alguna reacción". Añadió que los traslados de los comunicadores de un lugar a
otro se hicieron "por motivos de seguridad".

***

La FLIP rechaza esta detención ilegal y los hostigamientos que se vienen presentando
contra la emisora indígena Uxwal Nasa Yuwe Estéreo. Las emisoras de las comunidades
indígenas y los comunicadores que allí laboran están amparados por el derecho
a la libertad de expresión. Adicionalmente, en su condición de minorías, es deber
del Estado velar por su especial protección.

Esta información es autoría de la FLIP

Por su trabajo con Indígenas y Negros, Diócesis de Quibdó gana reconocimiento nacional

En una zona sin dolientes, donde los políticos son muy activos pero para apropiarse de los recursos de las comunidades, donde quienes se mueven como pez en el agua son los violentos... En ese contexto trabaja la diócesis de Quibdó.

Su trabajo ha sido acompañar a las víctimas de los procesos de violencia, y hacerles sentir que aún no están solos.

Por eso es justo el reconocimiento que acaban de recibir: El premio nacional de Paz.

“Tenemos una visión política clara, no es neutra, porque ¿para dónde va un carro en neutro?, para donde cualquiera quiera empujarlo. Estamos del lado de las víctimas”, enfatiza el padre Albeiro. Toda la Diócesis comparte el mismo plan pastoral, una especie de traducción del mandato de Cristo al contexto chocoano que opta por la vida, los pobres, el diálogo interreligioso, la defensa del territorio y los recursos naturales, las organizaciones eclesiales y sociales de base, los derechos humanos, una opción étnica que prioriza a negros e indígenas y una iglesia que respeta sus tradiciones.

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Cinep documenta casi 14.500 crímenes de paramilitares en 16 años

El CINEP es el Centro de Investigación y Educación Popular

El informe reporta los casos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada y tortura, entre 1988 y 2003.

Los casos se corresponden con los registros del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), que los reunió en un voluminoso estudio que fue presentado hoy en la capital colombiana.

El director de la ONG, el sacerdote Gabriel Giraldo, dijo que el documento fue elaborado a partir de una revisión de los registros propios de la institución, que en 1988 creó una base de datos para reseñar los crímenes relacionados con el conflicto armado interno.

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Nuevas amenazas contra periodistas en Colombia

La denuncia fue hecha por los periodistas Carlos Lozano, del semanario VOZ; Daniel Coronel, director de Noticias Uno y Hollman Morris, del programa Contravía.

El lunes pasado, llegó a las instalaciones en Bogotá del semanario comunista VOZ un arreglo floral que tenía como destinatario al director de la publicación. El mensajero de la floristería les dijo a los escoltas que ese pedido venía de una familia de apellido Montoya para la familia de Lozano Guillén, con motivo de su "sepelio".

El mensajero fue puesto a órdenes de las autoridades, pero luego fue dejado en libertad tras constatarse que ha sido el empleado de una floristería del norte de Bogotá que recibió el encargo telefónicamente y a largo distancia.

Coronel también recibió el arreglo floral en las instalaciones del Noticiero, que emite su informativo el fin de semana. Lo mismo le ocurrió al periodista Hollman Morris, pero con una corona hecha llegar a su domicilio.

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A quién engaña, Señor Ministro?

"Tenemos el control de la situación en Toribío", afirmó hoy el ministro de defensa de Colombia, en entrevista radial.
Es muy fácil tener el control desde Bogotá, cuando la guerra se está librando a seiscientos kilómetros de su oficina.
Acá, en el departamento del Cauca la situación es otra: un pueblo indígena ha sido encerrado, atacado, sometido. Varias familias han podido abandonar sus viviendas, para buscar protección en las poblaciones cercanas.
La guerra está instalada allí en las montañas, muy cerca de las cabeceras municipales importantes, y sin embargo el Sr. Ministro afirma con esa voz fingida de tenor serenatero, que la situación está bajo control.
Mientras tanto, la fuerza pública sigue ocupada en las carreteras tratando de cazar a los olvidadizos ciudadanos que no atinaron a prender las luces de sus autos, aunque estuvieran viajando en pleno día. Sí, ese es el nuevo oficio de nuestro pie de fuerza: vigilar que las lucesitas vayan prendidas... no importa que las luces de los pueblos están siendo apagadas por la guerra.

Pobre país...

Colombia: Alto al abuso del sistema judicial contra los defensores de derechos humanos

El sistema judicial en Colombia esta siendo indebidamente usado para estigmatizar y hostigar a los defensores de derechos humanos haciéndoles más difícil llevar a cabo su importante trabajo en favor de los derechos humanos.

Amnistía Internacional ha descubierto que defensores de derechos humanos han sido detenidos o enfrentan detenciones por cargos criminales falsos.

Quienes están bajo investigación o quienes ya han sido detenidos, son presentados con frecuencia ante los medios de comunicación como "subversivos" o colaboradores con grupos subversivos. Mientras se están defendiendo contra estos cargos criminales, los defensores de derechos humanos se ven impedidos a continuar con su importante trabajo en defensa de los derechos humanos.

Un ejemplo del uso indebido del sistema judicial sería las acusaciones contra varios miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de "corrupción" y "rebelión". Justicia y Paz es una organización no gubernamental de derechos humanos, que documenta y presenta denuncias legales sobre violaciones de derechos humanos cometidas en diversas regiones del país.

Amnistía Internacional teme que estas acusaciones y cargos contra miembros de Justicia y Paz tengan una motivación política y formen parte de una estrategia dirigida a dicha organización, silenciando así su trabajo y desviando la atención de los procesos judiciales por abuso puestos en relieve por la organización. Para más información sobre el caso de Justicia y Paz

El gobierno colombiano no puede dejar que el sistema judicial sea utilizado como un arma contra defensores de derechos humanos.


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Amnistía Internacional insta al gobierno colombiano a aclarar muertes en Apartadó

A través de un comunicado, el organismo internacional pide al gobierno que se conozca las verdaderas cuasas de la muerte de ocho personas en esa localidad, declarada comunidad de paz.

Colombia: Para la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, la justicia es el único camino

El gobierno colombiano debe centrar sus esfuerzos en la creación de las condiciones necesarias para que salga a la luz la verdad sobre el homicidio de ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, departamento de Antioquia, cometido el 21 de febrero de 2005, así como sobre otros 150 homicidios y "desapariciones" de miembros de esa comunidad ocurridos durante los últimos ocho años, ha manifestado Amnistía Internacional en respuesta a las declaraciones formuladas recientemente por el presidente Álvaro Uribe, quien acusó a los dirigentes de esta comunidad de colaborar con las fuerzas de la guerrilla.

El 20 de marzo, el presidente Uribe acusó a algunos dirigentes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó de ayudar al grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y de tratar de obstaculizar el camino de la justicia. También dijo que el ejército penetraría en el territorio de la comunidad dentro de un plazo de 20 días.

"Acusar a los miembros de la Comunidad de Paz de colaborar con grupos guerrilleros coloca a esta comunidad en una situación de mayor riesgo frente a la posibilidad de ataques lanzados por paramilitares respaldados por el ejército.

Las declaraciones del presidente, así como los comentarios formulados por el ministro de Defensa negando toda responsabilidad del ejército en la matanza de febrero, también suscitan el temor de que el carácter exhaustivo e imparcial que debe tener cualquier investigación de los hechos en torno a esta matanza se vea gravemente vulnerado", dice Amnistía Internacional.

Un testigo presencial de los hechos afirmó que los responsables de la matanza se habían presentado como miembros del ejército colombiano. Según otros testigos, con posterioridad a la matanza los soldados agresores dijeron a algunos vecinos que, si los homicidios no hubieran salido a la luz, habrían matado a más civiles y que las ocho víctimas eran "puro guerrillero muerto".

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El caso Diomedez Díaz: Un concierto... para delinquir

Para quienes dudan de que el sistema judicial colombiano es atípico (y antijurídico y doloso), los ejemplos actuales son más que una colección de botones.

Si alguien que viva fuera del país se enterara de las aberraciones de nuestra administración de justicia, sencillamente no lo creería.

- Hace pocos años, el popular músico Diomedez Días fue procesado por el presunto asesinato de una mujer llamada Doris Adriana Niño. Las pruebas presentadas, al parecer demostraron que, efectivamente, el "cacique de La Junta" tuvo mucho que ver.

El ídolo de multitudes pasó unos cuantos años en la cárcel, y ahora se le ve muy orondo, paseando su sonrisa por diferentes escenarios del país, como si nada hubiera pasado.

Pero bueno. Cualquiera podría argumentar que él tiene derecho a retomar su trabajo (y tendrían razón), luego de haber purgado "su pena". Pero lo curioso es que ahora quienes están en el calvario jurídico son los familiares de la difunta. Ellos ahora sufren las imperfecciones de nuestro sistema judicial, mientras el culpable muestra sin ningún remordimiento la esmeralda incrustada en su dentadura.

Ahora sí le viene al dedo: "Ese es un concierto... para delinquir".